Legalización de predios como camino hacia la justicia social y la reconstrucción comunitaria

 

Durante la década de los ochenta, el conflicto armado y el control territorial de las mafias obligaron a miles de familias colombianas a abandonar sus tierras, sus hogares y sus raíces. En Ciudad Bolívar, las comunidades buscan un futuro digno, pero aún enfrentan condiciones de vida precarias. Con la convicción de un mañana mejor, hoy en día reciben acompañamiento y asesoría para el reconocimiento legal de sus viviendas. 

 

Sobre terrenos vacíos y de alto riesgo en los cerros de Bogotá, se han refugiado comunidades desplazadas de todos los rincones del país. Han sido impulsadas a la capital por la esperanza de un nuevo comienzo, en donde han construido sus hogares con dedicación y esfuerzo.  

 

 

En Ciudad Bolívar, por ejemplo, miles de familias se han asentado de manera informal, con el propósito de ofrecerle a sus integrantes techo y resguardo. Allí viven del trabajo también informal, día a día enfrentando desafíos para cubrir sus necesidades básicas, aunque entrelazadas en un tejido de colaboración y solidaridad. En este contexto, la Curaduría Pública Social de la Caja de Vivienda Popular (CVP) articula esfuerzos para promover procesos de legalización urbanística. Estas acciones pretenden mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los sectores más vulnerables de la localidad, facilitando el reconocimiento de los predios que ocupan como garantía de sus derechos fundamentales y de la equidad territorial. 

 

Los testimonios narran episodios desgarradores, en los que las comunidades buscan la participación del Estado para lograr la legalización de sus tierras. Como lo señala Magda Suárez, quien en lo alto de las montañas construyó un hogar, se vio obligada a dejar sus raíces debido al conflicto armado. Afirma que para quienes han habitado los cerros durante décadas, el reconocimiento y la legalización de las casas constituyen un acto fundamental de justicia social, una lucha incansable y un clamor por transformar los territorios en lugares de oportunidades. Destaca que la formalización y la titulación de su vivienda es posible, con el ánimo de mejorar las condiciones de vida de su familia. 

 

Como a Magda, la Curaduría Pública Social de la CVP les extiende una invitación a las comunidades para participar en las diferentes jornadas de entrega de información y asesoría para el reconocimiento de las viviendas informales. La entidad trabaja todos los días por acompañar técnica, social y jurídicamente a las familias en el proceso, en la búsqueda incansable de su misión: las viviendas y los entornos seguros.