¿Qué es la Curaduría Pública Social?


Es un mecanismo implementado en Bogotá por la Caja de la Vivienda Popular, con el propósito de mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de interés social, particularmente aquellas ubicadas en asentamientos legalizados urbanísticamente y que han sido autoconstruidas sin licencia urbanística. Su creación fue establecida en el artículo 78 del Acuerdo 761 de 2020, correspondiente al Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, y su implementación se formalizó mediante el Decreto 265 de diciembre de 2020. Posteriormente, fue reglamentada en el artículo 590 del Decreto 555 de 2021, que hace parte del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá.   

Esta figura tiene como objetivo facilitar la legalización de edificaciones autoconstruidas a través de la emisión de actos administrativos de reconocimiento, lo cual permite a las familias obtener seguridad jurídica sobre sus viviendas. En los casos en que las viviendas estén vinculadas a programas de la Secretaría del Hábitat, pueden aplicar a modalidades de licencia urbanística. La CPS es una iniciativa pionera en el país y se desarrolla bajo la gestión de la Caja de la Vivienda Popular, entidad con más de 80 años de trayectoria, creada en 1942 mediante el Acuerdo 20 del Concejo de Bogotá.

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¿Cómo lo hacemos?


Desde la Curaduría Pública Social (CPS) de la Caja de la Vivienda Popular, acompañamos a las familias paso a paso en el proceso de reconocimiento legal de sus viviendas autoconstruidas, especialmente en barrios de interés social que ya han sido legalizados.

Nuestro equipo interdisciplinario brinda asesoría técnica, jurídica y social gratuita, desde la verificación de requisitos hasta la elaboración de documentos como el levantamiento arquitectónico y el peritaje técnico. Luego, este mismo equipo de profesionales radica la solicitud ante nuestra Curaduría, la cual es la encargada de otorgar al ciudadano el acto administrativo de reconocimiento, que le da validez legal a la edificación construida sin licencia.
 
Además, realizamos jornadas territoriales como Curaduría al Parque, para acercar estos servicios directamente a las comunidades, facilitando el acceso y garantizando un enfoque participativo, pedagógico y territorial.

¿Cómo lo hacemos?

Beneficios


El reconocimiento legal de una vivienda autoconstruida trae múltiples beneficios para las familias y para el desarrollo ordenado de la ciudad:
  • Seguridad jurídica del hogar
    Garantiza que la vivienda esté amparada legalmente, lo que protege el patrimonio familiar y reduce riesgos de sanciones o desalojos.
  • Acceso a trámites formales
    Permite registrar la construcción, y facilita procesos como ventas, herencias o hipotecas.
  • Conexión formal a servicios públicos
     Conexión de servicios esenciales como agua, luz, gas y saneamiento, mejorando la calidad de vida.
  • Valoración del inmueble
    Al estar legalmente reconocida, la vivienda incrementa su valor en el mercado y se convierte en un activo formal.
  • Mejora urbana y reconocimiento comunitario
    Contribuye a la consolidación de barrios más seguros, ordenados y planificados, y reconoce el esfuerzo de quienes construyeron su hogar.

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