La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital del Hábitat hicieron presencia en el barrio Bosques de Molinos, en donde decenas de familias resultaron afectadas por una orden de desalojo emitida por la Inspección de Policía de la localidad Rafael Uribe Uribe. La Caja de la Vivienda Popular adelantó, junto con la Secretaría de Integración Social, labores de registro para identificar las familias que habitaban las viviendas en el momento del desalojo y brindarles asistencia social.

 La Caja de la Vivienda Popular adelantó, junto con la Secretaría de Integración Social, labores de registro para identificar las familias que habitaban las viviendas en el momento del desalojo y brindarles asistencia social. Fueron identificados 240 adultos y 173 niños. Además, 32 viviendas en pie, de las cuales 14 están ocupadas y sólo 7 de ellas cumplen con condiciones de habitabilidad.

El registro, liderado por la Secretaría de Hábitat a través de la Caja de la Vivienda Popular, y aplicado a familias afectadas por la orden de desalojo, emitida por la Inspección de Policía de la localidad Rafael Uribe Uribe el pasado 20 de enero, reveló que varias personas del barrio Marruecos que alegan no tener vivienda son posiblemente propietarias legales de predios dentro y fuera de Bogotá, afiliadas a Cajas de Compensación Familiar y hasta beneficiarias de subsidios de vivienda.

De los 121 predios registrados, 80 personas de 46 viviendas, no podrían recibir subsidio de arrendamiento del Distrito ya que presentan diversas situaciones que los invalidan. Tras realizar el cruce de información con diferentes Entidades se conoció que:

• 4 personas recibieron Título de Propiedad de su vivienda: tres en Chiguaza y una en el barrio Juan Pablo II.
• 23 personas aparecen registradas en Catastro Distrital por posesión o propiedad de un predio de la capital del país.
• 10 personas aparecen en la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC por posesión o propiedad de un predio fuera de Bogotá.
• 2 personas fueron beneficiarias del programa Distrital de Reasentamientos: una recibió su vivienda definitiva de reposición en 2006 y la otra está en proceso de reasentamiento.
• 7 personas ya contaban con subsidio de vivienda.
• Otras 34 personas están afiliadas a alguna Caja de Compensación Familiar.

En el momento del desalojo fueron identificados 240 adultos y 173 niños, que recibirán  asistencia social. Además, 32 viviendas en pie, de las cuales 14 están ocupadas. Según análisis de ingenieros de la Caja de Vivienda Popular, solo 7 de esas viviendas habitadas cumplen con las condiciones de habitabilidad.

La Caja de la Vivienda Popular recomendó a la Alcaldía Local solicitar a estas personas los certificados de Tradición y Libertad, ya que ese es el único documento que certifica la propiedad de un inmueble.

“Hemos encontrado gente que ya tiene un modus operandi para comprar tierras en diferentes zonas ilegales. Por ejemplo conocemos el caso de un señor que tiene 6 predios en distintos lugares. Otro caso es el de 3 personas cuyos predios ya habían sido titularizados en barrios colindantes de forma gratuita por parte de la Caja de Vivienda Popular”, aseguró María Valencia, Secretaria Distrital del Hábitat.

Así mismo señaló que: “Una vez son titularizados, empiezan a buscar otros terrenos informales porque ellos creen que el Distrito, tarde o temprano, tiene la obligación de titularizarlos, ese es su mecanismo”.

La diligencia de desalojo se mantiene suspendida por la Corte Constitucional mientras el alto tribunal analiza el tema.